De la “España vaciada” a las ciudades: el desajuste que lo explica todo

Durante años, buena parte de la nueva eólica y solar se ha instalado donde había recurso, suelo y aceptación local. Sin embargo, el crecimiento de demanda —industria, servicios, electrificación y vivienda— se concentra en áreas urbanas y corredores industriales. El resultado: la energía se produce lejos de donde se necesita y las infraestructuras para transportarla y repartirla no avanzan al mismo ritmo.

En este contexto, los mapas de capacidad pueden mostrar nudos “sin hueco”, aunque la red no esté funcionando al límite durante la mayor parte del año. Es un choque entre cómo se planifican los accesos (con garantías máximas) y cómo se usa realmente una red que tiene picos y valles.

El atasco no se construye con hormigón: se construye con plazos

Una parte del embudo nace de la diferencia entre lo que tarda una obra y lo que tarda en autorizarse. La construcción de ciertas infraestructuras puede ser relativamente rápida comparada con la tramitación, que suele alargarse varios años. Ese desfase hace que la red “futura” llegue tarde a la economía real.

Mientras tanto, se acumulan solicitudes de conexión y se dispara la competencia por reservar capacidad. En escenarios así, el regulador también teme que exista acaparamiento: proyectos que piden acceso para retenerlo o comerciar con él, en lugar de ejecutar inversiones productivas.

Cuando “capacidad cero” no significa red colapsada

La alarma se intensifica cuando se aplican criterios de seguridad más estrictos: muchos nudos pueden pasar a considerarse indisponibles desde el punto de vista regulatorio. Eso no implica necesariamente que los cables estén siempre saturados, sino que el sistema está diseñado para garantizar suministro firme bajo supuestos conservadores.

En la práctica, esa lógica binaria (o todo, o nada) deja infrautilizada una infraestructura que podría admitir consumos adicionales en ventanas concretas sin comprometer la seguridad. Aquí es donde entra la propuesta de la CNMC.

El giro de la CNMC: permisos de acceso flexibles

La idea central es abandonar el modelo de acceso exclusivamente “firme” (garantizado en todo momento) y abrir la puerta a contratos donde el consumidor acepta restricciones. Es decir: se concede conexión si el demandante asume que, en determinadas circunstancias u horarios, su consumo puede limitarse o interrumpirse.

Con este enfoque se persigue un objetivo muy concreto: exprimir mejor la red existente para acelerar actividad económica y electrificación, sin que la única salida sea esperar años a nuevas inversiones de gran escala que terminan reflejándose en la factura.

Cuatro modalidades para cuatro necesidades

El esquema plantea distintos tipos de permisos flexibles, con niveles crecientes de sofisticación técnica y compromiso del usuario:

1) Tipo 0: consumo con calendario fijo

El acceso se concede si la instalación se compromete a operar en franjas horarias predefinidas. Fuera de esas ventanas, la distribuidora podría cortar el suministro de forma remota si se incumple el patrón acordado. Es un modelo pensado para procesos que pueden planificar su actividad y desplazar carga.

2) Tipo 1: desconexión por contingencias locales

Para determinados puntos de conexión en distribución, el usuario puede operar de forma casi plena la mayor parte del año, pero acepta interrupciones automáticas si se produce un fallo o incidencia en elementos críticos asociados a su subestación. Es una forma de dar acceso sin exigir que la red esté “blindada” para cualquier eventualidad.

3) Tipo 2: gestión dinámica con órdenes de reducción

La modalidad más tecnológica en distribución: la instalación debe poder recibir instrucciones para bajar potencia con poca antelación (o incluso en tiempo real), y responder en minutos. Si no lo hace, se contempla la desconexión. Este enfoque exige digitalización y capacidades de control avanzadas.

4) Tipo 3: flexibilidad en transporte con reducción automática

Para grandes demandas conectadas a la red de transporte, se introduce un mecanismo de respuesta inmediata ante alertas del sistema: una señal del operador obliga a reducir la potencia asociada a la parte flexible del acceso, de manera efectiva y sin demora.

Quién gana con el nuevo modelo (y quién queda fuera)

Los grandes beneficiados suelen ser consumos capaces de adaptarse: almacenamiento cuando actúa como demanda, procesos industriales modulables o instalaciones que pueden desplazar producción y absorber energía en horas valle.

También hay líneas rojas claras: servicios esenciales y consumos que no puedan tolerar interrupciones prolongadas no encajan en este esquema. Del mismo modo, los desarrollos urbanísticos y suministros colectivos requieren garantías diferentes: no pueden depender de cortes programables o eventuales para ser viables.

Digitalizar para flexibilizar: el coste inevitable

Este modelo no es “gratis”: para operar con permisos flexibles hacen falta más telemedida, capacidad de maniobra remota, automatización y procedimientos de coordinación. Eso implica inversiones y ajustes regulatorios que, directa o indirectamente, acaban influyendo en peajes y cargos.

El debate de fondo es qué sale más caro para el país: pagar por modernizar y gestionar mejor lo que ya existe, o mantener un atasco que frene industria, vivienda y electrificación mientras se esperan obras estructurales.

Por qué esto importa: la transición energética también es una transición de red

La electrificación no se desbloquea solo instalando renovables. Hace falta que la red —y sus reglas— permitan conectar demanda real sin convertir el proceso en una carrera de obstáculos. Los permisos flexibles son, en esencia, un cambio de mentalidad: pasar de una red diseñada para garantizarlo todo siempre a una red que reparte mejor su capacidad según el momento y la situación del sistema.

Si la medida funciona, puede convertirse en una válvula de escape para la reindustrialización, los centros de datos, el almacenamiento y parte de la nueva demanda. Si no se implementa con transparencia y control, también podría generar complejidad, desigualdad de acceso o nuevas formas de especulación. El reto regulatorio, por tanto, no es menor: se trata de liberar capacidad sin perder seguridad ni confianza.